Entrevista a Emiliana Vicente González (Zamora, 1962), presidenta del Consejo General del Trabajo Social
Hablamos con Emiliana Vicente González (Zamora, 1962), presidenta del Consejo General del Trabajo Social desde finales de diciembre de 2018, anteriormente secretaria general desde 2010. Tiene el Grado en Trabajo Social, Máster en Intervención Social y Sociedades del Conocimiento y Experto en Evaluación, Programación y Supervisión de Políticas de Inserción Social.
Experta en gerencia de servicios sociales, cooperación al desarrollo, género y evaluación de políticas públicas. Posee una experiencia de más de 30 años en servicios sociales municipales en intervención directa y coordinación de centros de atención primaria y especializada. Además de 2007 a 2011 fue directora general de Servicios Sociales y Cooperación del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid).
Según estimaciones de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en base a datos oficiales, en lo que va de año, más de 16.000 personas fallecieron sin beneficiarse de una prestación que ya tenían reconocida, unas 106 cada día. Además, ahora mismo hay cerca de 254.000 personas en lista de espera y otras 150.000 aguardan a ser valoradas para saber si se les reconoce algún grado de dependencia. ¿Qué es lo que sigue fallando en el sistema para soportar estas cifras?
La fortaleza de una sociedad radica en el desarrollo de las políticas públicas que se aplican en ella y, en concreto, en el desarrollo del Estado de Bienestar y el avance de sus cuatro pilares (sanidad, educación, pensiones y servicios sociales). Cuando las estructuras sociales se ven afectadas por una crisis de esta naturaleza, como ha sucedido en el segundo trimestre del 2020, se hace más patente la necesidad de su fortaleza y, sin lugar a dudas, la firme convicción de seguir reforzándolos.
Estamos ante el avance de una crisis social acumulada, que tiene como punto de partida las privatizaciones en servicios sociales a partir de 1996, la crisis financiera internacional de 2008, y sus efectos en servicios sociales por los recortes sociales de 2012-2013 y el colapso de los Sistemas de Protección Social en el contexto de la pandemia por la COVID-19, marzo 2020.
En este contexto, en lo que se refiere a la aplicación de la Ley de la Dependencia, es evidente que lo que ha fallado es su claro incumplimiento, que en su preámbulo habla de financiación estable, suficiente y garantizada mediante corresponsabilidad de las diferentes administraciones públicas. Se trata de un derecho subjetivo y faltan medios y recursos para hacerlo efectivo. En el mismo sentido, hay un déficit dotacional de las plantillas.
Los obstáculos que impiden el cumplimiento de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia continúan siendo la falta de presupuesto, la lista de espera, el copago abusivo, la gestión desigual y la falta de un sistema de cuidado de emergencia para paliativos. El presupuesto para esta Ley sigue siendo insuficiente, porque la lista de espera es muy elevada y la demanda de nuevos solicitantes continua, así como las revisiones por agravamiento de las personas ya dependientes. Las tarifas del copago deben ser uniformes entre las diferentes regiones e incluso es necesario regular también las tarifas de asistencia a domicilio.
Es la primera vez desde julio de 2014 que hay un descenso tan elevado en el número de atendidos en el sistema de dependencia: 34.667 solicitudes menos respecto a los datos de enero o 25.669 valoraciones menos, entre otros datos. ¿Qué medidas serían necesarias para poder revertir esta situación?
Es urgente la agilidad en la tramitación y el desbloqueo administrativo, como primera gran medida, pero evidentemente es preciso la derogación del Real Decreto 20/2012 del 13 de julio, en el que se aumentó el copago de las personas con dependencia, se amplió hasta dos años el tiempo en lista de espera (sin obligación de pago de retroactividad a las comunidades autónomas) o se retrasó la entrada en el sistema de los dependientes moderados, entre otros.
Otro incumplimiento destacable, y para el que hay que establecer medidas, es el desarrollo de determinados recursos, especialmente los relativos a la prevención y la promoción de la autonomía personal. La implantación de la Ley en las diferentes comunidades autónomas ha situado a las/los trabajadoras/es sociales en la parte de gestión y burocracia del proceso (información, gestión de solicitudes, orientación, etc.), y deja muy poco margen al desarrollo de la intervención social y el acompañamiento personalizado de las personas y las familias. A lo largo de estos trece años, las diferencias territoriales han sido claras provocando una desigualdad en el acceso y la aplicación de los derechos de las personas valoradas como dependientes. Por tanto, consideramos que otra de las medidas para una atención social adecuada al colectivo de personas dependientes pasa por establecer medidas homogeneizadoras con las comunidades autónomas, la creación de servicios de autonomía personal, criterios claros para aplicar el copago y apostar por el desarrollo de un sistema de calidad y de cuidados de proximidad domiciliarios públicos.
El Gobierno finalmente ha excluido al sector social del reparto del fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros destinado a las comunidades autónomas, 1.000 millones de ellos específicamente. ¿Qué repercusión podrá tener esta medida?
Es esencial el papel del Estado para salir de esta crisis. En 2008, los recortes debilitaron las estructuras públicas, deterioraron la sanidad, las pensiones, la educación y los servicios sociales. Los servicios públicos no tienen en realidad déficit o superávit, sino recursos suficientes o insuficientes.
La financiación al sector de lo social en España está muy por debajo de la media de países de nuestro entorno. La exclusión de 1.000 millones vendrá a suponer que las desigualdades, la vulnerabilidad y la pobreza estructural en nuestro país continúen siendo estructurales. Aspecto este muy, muy preocupante. Es necesaria una financiación pública con dotación presupuestaria estable, suficiente y sostenible, convergente con el gasto social europeo.
En su reciente comparecencia en el Grupo de Trabajo Políticas Sociales y Sistema de Cuidados de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, defendió que los servicios sociales son “un yacimiento de empleo”. En concreto, en el sistema de dependencia se calcula que por cada millón de euros invertidos se pueden generar 38 puestos de trabajo. ¿Cómo se podría incentivar o fomentar este nicho de empleo? ¿Con qué medidas desde la perspectiva de género y el medio rural?
El gasto social es una inversión social: cumple con el principio de reequilibrio e igualdad de oportunidades, reduce desigualdades, potencia la cohesión, favorece una actividad económica, crea puestos de trabajo y contribuye a la creación de riqueza del país. Congelar, reducir o rescindir la inversión social conlleva altos costes personales y económicos en términos de exclusión, pérdida de cohesión, de recursos humanos y de bienestar social. En concreto, creemos que se requieren medidas de visibilización y, sobre todo, de reconocimiento a los trabajos de cuidado de las personas dependientes.
Aquí es donde también la perspectiva de género es fundamental, las mujeres son mayoritariamente las profesionales del cuidado, también lo son en el trabajo y la dedicación diaria como cuidadoras informales, ellas han hecho posible que lo fundamental funcionase en un momento tan crítico como ha sido el confinamiento. Estas profesiones son las más feminizadas y las que cuentan con mayor precariedad.
Por otro lado, considero que en el medio rural los desequilibrios demográficos no solo se deben al mayor envejecimiento de la población, sino también al abandono, tanto de jóvenes como de mujeres, relacionado con la falta de oportunidades vitales. En el espacio rural encontramos un pequeño repunte de personas jóvenes que se plantean poder volver al medio rural para crear iniciativas de empleo. Esta es una medida de gran calado para generar empleo localizado y favorecer el desarrollo del medio rural.
Por otra parte, la situación en las residencias ha sido de los hechos más dolorosos que hemos vivido durante la crisis sociosanitaria. Como sociedad, ¿qué reflexión debería provocarnos?
Lo cierto es que hace años que se habla de una crisis de los cuidados. El interés por los cuidados ha ido aumentando en la medida que la sociedad va cambiando y, en estos momentos de crisis por la pandemia, se ha llegado a visibilizar de una forma extraordinaria que se requiere abrir el debate y el análisis hacia un nuevo modelo de cuidados de larga duración.
El modelo residencial no es un problema nuevo. Quizás lo nuevo es la dimensión que esta situación está alcanzando y que la COVID-19 ha puesto en valor y ha visibilizado. Se impone transformar el modelo residencial erradicando los macrocentros, es decir, dejar atrás un modelo institucional del siglo XIX y avanzar, como han hecho países de nuestro entorno, hacia un modelo del siglo XXI.
El modelo de cuidados de larga duración para las personas mayores, personas con diferentes discapacidades, debe estar basado en un modelo integrado de servicios e intervenciones profesionales, de atención integral en el domicilio, disponer de profesionales suficientes y formados, etc. Por tanto, estamos ante una oportunidad histórica para crear empleo localizado y para diseñar estructuras y recursos más humanizados de mayor calidad en la atención a las personas.
Desde las entidades de la discapacidad se defiende que los mayores, con dependencia o discapacidad, tienen derecho a vivir de manera independiente y a mantener su autonomía con los apoyos que necesiten, como los que proporciona la asistencia personal, servicio considerado esencial durante la crisis. ¿Considera esta figura una alternativa a las residencias? ¿Qué beneficios cree que tiene?
Se precisan nuevas propuestas de diseños arquitectónicos y formulas organizativas y de gestión lo más similares a la permanencia en el hogar. Debemos trabajar conjuntamente para diseñar servicios y recursos estratificados para que este colectivo permanezca en su domicilio el máximo tiempo posible, evitando la institucionalización. Implementar los conceptos de vivienda colaborativa, compartida y solidaria, así como impulsar los servicios de proximidad acordes a los diferentes momentos vitales.
¿Qué papel cree que deben asumir las administraciones en la definición del modelo de vida independiente para que estas personas puedan ser atendidas en su entorno social y familiar habitual?
Tienen que tener un papel prioritario. Deben promover e impulsar un modelo de cuidados de larga duración para personas mayores, personas con diferentes capacidades, basado en un modelo integrado de servicios e intervenciones profesionales: atención integral en el domicilio, disponer de profesionales suficientes y formados, tener acceso a la sanidad pública de atención primaria y hospitalaria siempre.
De las personas beneficiarias del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), a fecha 31 de mayo de 2020, tan solo 8.060 reciben la prestación económica de asistencia personal, el 0,58 % del total, lo que supone que es la menos utilizada. ¿A qué cree que es debido?
Principalmente porque se trata de una figura poco conocida. Culturalmente vinculamos los cuidados más personales a personas "de confianza" y estas tareas acaban siendo asumidas por familiares cercanos, más concretamente por mujeres: madres, hijas, hermanas. O, si estas no pueden ofrecer los cuidados durante una parte del día, se opta por servicios más estandarizados como centros de atención diurna, porque la gestión de los mismos -para la persona dependiente y para su familia- es mucho más sencilla, todo lo dan hecho, aunque el coste sea recibir una atención menos personalizada y, en mucho casos, no vinculada a la realización de los sueños, deseos, gustos e ilusiones de la persona dependiente.
Las personas cuidadoras tienen un poder muy importante en la toma de decisiones, por ejemplo, en relación a las actividades que a diario realiza la persona dependiente. Sin embargo, la figurra del asistente personal es mucho más completa y compleja y contribuye a empoderar a las personas. Vinculada a principios de autonomía personal y vida independiente, apoya a la persona dependiente en la realización de su proyecto vital, sea cual sea: estudiar, trabajar, acudir al gimnasio, en el ocio, etc. y permite vivir su vida como quiera, en función de su toma de decisiones y de su libertad. Pero el desconocimiento sobre su figura, la falta de un marco legal adecuado y la insuficiente financiación hacen que sea un recurso infrautilizado.
¿Qué dificultades existen en el despliegue de la prestación económica de asistencia personal?
Por un lado, la financiación que se ofrece en el marco de la Ley de Dependencia es escasa y eso contribuye a que las condiciones de contratación del asistente personal no sean las idóneas y no puedan cumplir adecuadamente las funciones de apoyo que podrían realizar a priori. Se reducen las horas y no se cumplen las expectativas de la persona dependiente y de su familia. Además, la alta rotación de profesionales no permite establecer una relación de apoyo adecuada, básica en este marco de atención.
Por otro, la falta de un marco legal concreto y ajustado, así como la gestión práctica de las contrataciones constituyen obstáculos insalvables y eso no favorece que la figura del asistente personal sea una opción a valorar en primera instancia. Al final, se opta por modalidades más fáciles de gestionar en la vida diaria, aunque se haga a costa de los derechos de las personas dependientes, que tienen más dificultad para llevar a la práctica su proyecto vital.
Por medio del Imserso, se creó un grupo de trabajo para consensuar una normativa estatal sobre asistencia personal, dentro del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. ¿Qué requisitos considera básicos para homogeneizar estatalmente la regulación de esta figura, tanto en acceso, intensidades, formación de los/as asistentes personales…?
Elementos esenciales son establecer claramente la formación necesaria para ejercer como asistente personal, establecer un código ético que sea garantía de una buena práctica profesional y de una correcta relación de ayuda, así como establecer funciones claras y unas condiciones de trabajo dignas, que hagan que sea una opción real para las personas dependientes.
Debido a la crisis sociosanitaria, se calcula que los servicios sociales pasarán de atender de 6 millones de personas (40% de ellas mayores o en situación de dependencia, según el ISSE) a 10 millones en 2020. ¿Qué consecuencias tendrá este aumento? ¿Cómo se podrá afrontar?
Venimos de una crisis social acumulada. En los años 2012 y 2013 se destruyeron 56.000 empleos de profesionales del Sistema Público de Servicios Sociales, con un gran déficit de financiación del Plan Concertado de Corporaciones Locales de Atención Primaria, así como en la cobertura de atención a personas en situación de dependencia. El Plan Concertado, que cumplió 30 años en 2018, es el instrumento para la financiación de prestaciones básicas de servicios sociales en las corporaciones locales y por ello, pedimos la reposición de la aportación estatal al Plan Concertado, que desde 2011 se ha recortado en 54 millones, pasando de 86,6 en 2011 a 32 este año (según PGE).
Porque si no se amplían plantillas y se sustenta la financiación, acudiremos a la asfixia de un sistema de por sí debilitado. Es necesaria la articulación de los sistemas públicos del estado de bienestar social para hacer efectiva, de modo transversal, la inclusión social, superando todo tipo discriminaciones y exclusiones institucionales. En este sentido, desde el Consejo General del Trabajo Social consideramos que hay que mantener la protección social en los cuatro pilares: sanidad, garantía de rentas y pensiones, educación y servicios sociales.
El Consejo General del Trabajo Social considera que en este momento la Administración debe activar todo su potencial en lo que refiere al ámbito social. Este es también el momento de poner en marcha y de fortalecer nuevos mecanismos de coordinación y colaboración entre las diferentes administraciones: estatal, autonómica, provincial y local, como entre todos los colectivos del tercer sector, poniendo en valor el potencial de la unidad de acción.
En la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, expuso que ninguno de nosotros vamos a querer estar en un recurso como los “macrocentros” residenciales que existen actualmente. ¿Hacia dónde deberían dirigirse los servicios de apoyo y prestaciones en un futuro para otorgar cada vez más autonomía a las personas dependientes?
En una sociedad como la nuestra, los indicadores demográficos nos presentan una población cada vez más envejecida, por tanto, esta realidad debe ser puesta en valor y saberla integrar en las fórmulas de los sectores de producción económica y para ello, hay que valorar las potencialidades de este colectivo.
Considero tres medidas: la primera, asegurar la autonomía personal, minimizando situaciones de desamparo derivadas por la falta de recursos económicos. Hay que velar porque las pensiones públicas tengan categoría de derecho fundamental, prohibiendo su privatización y la pérdida de poder adquisitivo. Segunda medida que ya he comentado, la atención a las personas en situación de fragilidad, discapacidad y dependencia, personas de edad avanzada y otras más jóvenes con grandes necesidades de apoyo, exige también un cambio en el modelo de cuidados de larga duración. Y la tercera medida relacionada con la protección: proponemos una Ley Integral de Derechos de los Mayores, que regule la revisión permanente, la garantía, la protección y la defensa de los derechos de los mayores que están contemplados en el ordenamiento jurídico, y que se haga efectiva la figura de un fiscal especifico, que proteja y defienda sus derechos y persiga los abusos, maltratos y delitos que se les infrinjan.
Entrevista publicada en la revista 'El asistente personal', editada por PREDIF Castilla y León. Puedes ver todo el contenido AQUÍ.