“Desde el Govern estamos trabajando para resolver las primeras solicitudes de prestación de asistencia personal”
Fina Santiago Rodríguez
Consellera de Servicios Sociales y Cooperación del Govern de les Illes Balears
1. ¿Qué es para usted la vida independiente?
Entendemos el concepto de vida independiente como la situación que permite a una persona desarrollar su propio proyecto de vida, con las ayudas o apoyos externos que precise en cada momento (puntuales, permanentes, con diferentes intensidades, flexibles puesto que deben adaptarse a condiciones cambiantes...), un concepto que apuesta por una vida con igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y que pretende garantizar su plena inclusión.
2. ¿Por qué modelo de atención a las personas con dependencia apuesta el Govern de les Illes Balears? ¿Por qué?
Este Govern apuesta por seguir trabajando un modelo en el que la persona debe ocupar un papel activo y debe ser la razón de ser del sistema. Busca ofrecer respuestas lo más adaptadas posible a las necesidades de cada persona. Es la individualización de la atención, dentro del marco que fija el catálogo de servicios que ofrece el Govern.
En este modelo, la persona toma decisiones sobre cómo quiere vivir su vida y qué apoyos externos necesita en cada momento. Se respetan sus gustos y preferencias y se fomenta al máximo su independencia.
Desde hace un año hemos puesto en marcha un servicio de acompañamiento prestado por asistentes personales con formación profesional. La experiencia que estamos desarrollando de manera concertada con ASPAYM no limita el servicio a la condición de ser persona con reconocimiento de dependiente.
Permite a cualquier persona con discapacidad superior al 65 % ser usuario de nuestro servicio.
Está configurado como servicio y no como prestación económica de asistente personal, motivo por el que no se contabiliza en las estadísticas de dependencia.
3. ¿Qué papel cree que deben jugar las entidades de la discapacidad en la definición de este modelo en lo que concierne a la atención de las personas con discapacidad?
Las entidades sociales tienen un papel importante, puesto que son quienes expresan las necesidades del colectivo y, en concreto, pueden ayudar a la Administración siendo el altavoz por el que las personas con discapacidad hacen llegar la visión del modelo o modelos que más les puede interesar. Su papel no es solamente consultivo; en una sociedad participativa y democrática, las organizaciones de ciudadanos deben participar en la elaboración de normativas y la definición y gestión de los servicios. Creemos en una amplia participación de las entidades y la defendemos, y de la misma manera defendemos que la planificación y derivación de los ciudadanos a los servicios tiene que ser responsabilidad de las administraciones públicas. El modelo de concierto que hemos desarrollado esta legislatura lo permite.
4. ¿Desde la administración que representa están promocionando la vida independiente? ¿Cómo?
Desde el Govern intentamos promocionar que las personas con discapacidad y las que se encuentran en situación de dependencia puedan desarrollar su vida de la forma más autónoma posible.
El compromiso con la autonomía de las personas se ha materializado en las siguientes acciones:
- Atender a las necesidades de las personas debido a las limitaciones físicas, psíquicas o sociales que sufren. En este sentido, el compromiso de reactivar la atención a los dependientes es una realidad:
- Hemos pasado de dar respuesta a 11.629 personas dependientes en mayo de 2015 a 17.780 personas tres años después, casi un 53 % más.
- Se han aumentado las horas del servicio de ayuda a domicilio y se ha extendido a todo el territorio, hemos ampliado el número de plazas de centro de día y de residencia, donde los últimos tres años se han incrementado 439 plazas, un 21 % respecto a julio de 2015.
- Apostar por la promoción de la autonomía:
- La atención temprana es uno de los servicios priorizados. Hemos pasado de 60.000 horas concertadas anuales a 100.000 en tres años.
- Está en redacción un nuevo decreto que alarga la atención infantil hasta los 12 años mediante tres tipos de servicios: la continuidad de tratamiento terapéutico y de estimulación, un servicio individual de apoyo a la integración en las actividades de ocio de los niños y un servicio de asesoramiento sobre apoyos técnicos y tecnológicos adaptados a cada situación personal.
- Se prevé la puesta en marcha y de forma generalizada en todo el territorio, en el cuarto trimestre de 2018, del servicio de promoción de la autonomía personal para personas mayores, después de varios pilotajes llevados a cabo, en el que se trabaja sobre tres aspectos fundamentales: el mantenimiento de las condiciones físicas, el mantenimiento y estimulación cognitiva y el mantenimiento de las relaciones personales y sociales.
5. Los datos estadísticos de su comunidad arrojan que no hay ninguna persona beneficiaria de la prestación económica de asistencia personal, la prestación menos utilizada de todo el SAAD:
- ¿A qué cree que es debido?
Efectivamente, como bien señala, tan sólo dos comunidades autónomas tienen un buen despliegue de la PEAP, y esto pensamos que es debido a que en su momento se desarrolló esta prestación como prestación económica y no como servicio. Las dificultades de la gestión como prestación económica hacen muy dificultoso para los dependientes acceder a la prestación: los dependientes deben contratar a un asistente personal y presentar la facturación cada mes para recibir la prestación o deben concertar con un asistente personal autónomo el servicio. El modelo de prestación representa un verdadero escollo a la hora de materializarse. Entendemos que la Ley, en este sentido, debería modificarse para aceptar el modelo de prestación por servicio.
- ¿Qué dificultades existen en el despliegue de la figura de AP?
Actualmente existen dificultades para llegar a un consenso entre el Estado, las comunidades autónomas y las aportaciones que realizan las entidades sociales sobre cuál debe ser el modelo de esta prestación.
- ¿Cuáles son los principales impedimentos para que se produzca el despliegue generalizado?
Están relacionados con aspectos como el perfil de personas que pueden acogerse a esta prestación, los requisitos necesarios, la formación de los asistentes personales y el importe que debe tener esta prestación.
- ¿Qué acciones se están realizando desde la comunidad autónoma para llevar a cabo este despliegue?
Por un lado, nuestra comunidad autónoma participa en la mesa de trabajo que convocó el IMSERSO, y en la que PREDIF estaba representada a través de CERMI, para conseguir desarrollar esta prestación y que pueda ser una más del catálogo, a la que puedan acceder las personas en situación de dependencia, y, en paralelo, trabajamos en resolver las primeras solicitudes de PEAP en Baleares y en un proyecto de decreto de ámbito autonómico que mejore esta prestación.
Por otro lado, y a la espera de avanzar en lo señalado anteriormente, hemos puesto en marcha el servicio de acompañamiento para personas con discapacidad física y necesidad de apoyo extenso, que, si bien no es la PEAP, es una apuesta por un servicio basado en la asistencia personal que pretende mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
6. En su comunidad autónoma la prestación o servicio que tiene mayor incidencia en el marco del SAAD es ‘cuidados familiares’. ¿Por qué cree que es la más utilizada?
No responde a una única causa y es debido a diversas circunstancias. Entre ellas, en nuestro modelo de sociedad, los cuidados tradicionalmente se prestaban en el entorno familiar y, si bien esto está cambiando, aún son muchas las personas que prefieren esta forma de cuidar y ser cuidadas.
En segundo lugar hay una razón de déficit histórico de servicios sociales relacionados con lo que hoy entendemos como personas dependientes. Para que se haga una idea, entre 1981 y el año 2000 no se puso en marcha ninguna plaza residencial de ámbito autonómico para personas mayores. ¿Por qué? Baleares estuvo a la cola de las comunidades en las transferencias de competencias del INSERSO. Ni Madrid invertía, porque iba a ser objeto de transferencia, ni la Comunidad invertía, porque no tenía competencias. El resultado han sido 20 años sin servicios. Y en el 2006 se aprueba la Ley de dependencia con este panorama y con un derecho subjetivo que multiplicó la demanda. Quiero aprovechar para decir que la situación está cambiando y va a cambiar más en los próximos años.
En tercer lugar, la crisis económica ha propiciado un aumento de la demanda de las prestaciones económicas en detrimento de las técnicas.
En cuarto lugar, quiero mencionar las dificultades para tener servicios en el resto de prestaciones, por ejemplo, tenemos convenida con los ayuntamientos el 100 % de la ayuda a domicilio. No se ha dejado de convenir ni una sola hora de ayuda a domicilio de los ayuntamientos. Y no basta. Necesitamos multiplicar por cinco la actual prestación de servicios de ayuda a domicilio. Tenemos servicios contratados directamente de ayuda a domicilio a bajo rendimiento debido a no tener trabajadores de este sector, que existe, que está formado y que hace una opción personal de estar en otro sector productivo debido a las diferencias salariales. Para profesionales de otras comunidades no está funcionando debido a los costes tan elevados de la vivienda.
En quinto lugar quiero explicar que en Baleares, cuando una persona solicita plaza para una residencia o centro de día y está a la espera de obtenerla, y es atendida en su entorno por su familia, tramitamos una prestación económica de cuidados en el entorno hasta que obtiene plaza.
De todas formas, si bien sigue siendo la prestación más utilizada, si Vd. repasa los datos podrá comprobar cómo han crecido las prestaciones en nuestra Comunidad, pasando de 11 a 20.000 y, paralelamente, ha bajado 20 puntos la importancia de la prestación económica de cuidados en el entorno. Es decir, en tres años hemos aumentado las prestaciones en forma de servicio, y las económicas cada vez tienen menor peso.
7. ¿Considera que cualquier persona en situación de dependencia puede ser beneficiaria de asistencia personal? ¿Por qué?
La figura del asistente personal es una figura que, si bien nació de las demandas del mundo asociativo vinculado a la discapacidad, está recogida en la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía, y, por tanto, de la que podrían beneficiarse todas las personas en situación de dependencia.
La prestación, ésta y cualquier otra, debe responder a unas necesidades y a un plan de atención. Por tanto, debe estar enmarcada en la cobertura de las necesidades y en el proyecto de vida de las personas. A partir de aquí, hay que establecer los mecanismos para ordenar el catálogo de servicios y prestaciones.
8. En su comunidad autónoma, ¿cuál es la cuantía máxima que se asigna para AP? ¿Cree que con esta cuantía se cubren las necesidades de la persona en situación de dependencia? ¿Por qué?
El Decreto Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, aprobado por el gobierno del señor Rajoy, redujo este importe hasta los 715,07 € al mes, importe al que hay que deducir los complementos de análoga naturaleza, como el de ayuda de tercera persona.
Este importe y las deducciones que se aplican hacen que difícilmente esta prestación pueda cumplir ni las expectativas de esta prestación ni las necesidades de las personas que la solicitan.
Tal como hemos señalado anteriormente, nuestra Comunidad Autónoma está trabajando para mejorar esta situación y no descartamos que, de manera progresiva, haya una mejora en la cuantía de la prestación a cargo de la Comunidad Autónoma. La legislatura 2007-2011, a través de una convocatoria de subvención, incrementó los ingresos económicos a las personas dependientes que solicitaron esta prestación; se puede estudiar esta vía o explorar otras.
9. En concreto, en las Illes Balears están llevando a cabo, junto con ASPAYM Balears, el ‘servicio de acompañamiento para personas con discapacidad física y necesidad de apoyo extenso’. ¿Considera que este servicio puede ser un puente para el desarrollo de la asistencia personal dentro del SAAD?
Sí, es posible que así sea, puesto que es sin duda una apuesta de este Govern para favorecer la plena inclusión de las personas con discapacidad física.
10. En estos momentos se está trabajando en la regulación del profesional de la asistencia personal, ¿considera que un AP tiene que tener formación? ¿Por qué?
Sí. Para favorecer la implantación de esta figura, fomentarla y dignificarla, es necesario profesionalizarla y, para ello, es necesario que preste sus servicios con unos estándares mínimos que garanticen una atención de calidad, y, para ello, la formación es necesaria. Y un sueldo digno.
Entiendo y comparto algunas de las reivindicaciones que desde el mundo asociativo se realizan y que tienen que ver con que el asistente personal debe ser formado por la persona a la que debe asistir, puesto que será ella que con sus gustos y preferencias la irá guiando, pero añado que, previo a esto, debe existir una formación básica que garantice el éxito de esta figura.
11. La Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, se considera el cuarto pilar del estado de bienestar, pero, a diferencia del resto, su acceso no es gratuito para las personas usuarias. ¿Qué opina usted de que se establezca un copago en el sistema de dependencia?
El cuarto pilar del estado del bienestar son los servicios sociales y, dentro de estos, es donde se aplica y desarrolla la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal, popularmente conocida como la Ley de dependencia.
El acceso a los servicios sociales es universal y gratuito, y es en el catálogo de servicios de esta Ley donde sí se aplica un copago, en función del servicio y de la capacidad económica de cada persona, asegurando que, en ningún caso, ninguna persona queda desatendida por motivos económicos.
Nuestra posición política es que la atención a la dependencia es una responsabilidad social, al igual que lo es la salud o la educación; no es una responsabilidad familiar. En este sentido, la mayoría de servicios deberían ir financiados por la Administración a través de impuestos generales. En cambio, otros como las residencias y los centros de día, que claramente sustituyen el hogar total o parcialmente, deben tener copago, copago que debe cuantificarse en relación a los ingresos de la persona dependiente y siempre garantizando la atención igualitaria y la equidad.
Ahora bien, nuestra posición no es mayoritaria y trabajamos en un contexto donde muchos servicios que son de bien común mantienen copagos (en salud, transporte, energía…), y en este contexto intentamos que la aportación del usuario sea lo más justa posible.
12. Si fuera una persona en situación de dependencia, ¿qué prestación o servicio del catálogo del SAAD elegiría para llevar una vida independiente e inclusiva en la comunidad?
Cada situación de dependencia es diferente, no descartaría ninguna, y me mentalizaría para acceder a todo tipo de servicios. Está claro que la mayoría de personas queremos vivir con el máximo de autonomía, pero también tenemos que aspirar a tener una calidad de vida digna.
La atención a las personas en situación de dependencia es una situación dinámica y cambiante y, por tanto, las prestaciones deben ser dinámicas y deben ir adaptándose a las diferentes necesidades y circunstancias de cada persona, ofreciéndoles los apoyos que precisan en cada momento. Es decir, que una persona puede ser atendida inicialmente por el servicio de ayuda a domicilio, en algún momento compaginar esto con acudir a un centro de día o, por ejemplo, pasar a estar atendida en una residencia.
En cada momento, es importante que la persona pueda decidir y optar por el recurso que más se adapta a sus necesidades y que responde mejor a como quiere vivir y ser atendida, considerando que el sistema siempre busca favorecer al máximo el desarrollo de una vida lo más independiente posible.
Para que esto sea posible, es importante que la respuesta de la Administración sea rápida y, para ello, durante esta legislatura hemos trabajado para reducir los tiempos de espera, para ser valorada la situación de dependencia y para posteriormente acordar el plan individual de atención.
13. ¿Cree que se están respetando actualmente en nuestro país los principios de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad?
Creo que en general queda mucho camino por recorrer y, desde nuestro ámbito, estamos trabajando para mejorar tanto la calidad de vida de las personas con discapacidad como sus derechos.
Se ha avanzado en los derechos de las personas con discapacidad, el respeto por la diferencia y la aceptación de esta como parte de la diversidad, al igual que la igualdad de oportunidades y la no discriminación, si bien se debe seguir avanzando, y no sólo en el colectivo de la discapacidad.
En aspectos como la accesibilidad, hemos visto grandes cambios y cada vez estamos más cerca de eliminar las barreras que no lo hacen posible.
Pero como decía, queda mucho por hacer para conseguir la plena inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad, y creemos que estos principios deben guiar la gestión pública hasta que se consigan y sean substituidos por otros nuevos principios.
A veces, para ver lo que hemos avanzado y ponerlo en valor, hay que mirar una o dos generaciones atrás y, sin duda, seguir teniendo propuestas y proyectos para seguir avanzando en un camino todavía muy largo.
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